El sábado pasado, en Cómo Vamos Nuevo León presentamos los resultados de la Encuesta Así Vamos 2024. Los datos que encontramos realmente reflejan el por qué este 8 de marzo la frustración, enojo, y la lucha persisten en las calles. 

De entrada, encontramos que 4 de cada 10 mujeres dicen sentirse inseguras o muy inseguras en su municipio, cifra superior a la de los hombres. Y no es solo una percepción: 1 de cada 5 usuarias de transporte público reporta haber sufrido acoso durante su traslado. Esto significa, que tan solo en el último año, 236 mil mujeres fueron víctimas de algún tipo de acoso en el transporte. Es decir, en un viaje que, en promedio dura casi 3 horas en camión, las miradas morbosas, los piropos obscenos, el miedo a sentir un ataque sexual o los tocamientos sin consentimiento son el día a día para las mujeres en nuestro estado.

Las cifras oficiales lo confirman, según el Secretariado Ejecutivo, en 2024 se registraron 11 denuncias diarias por delitos sexuales en nuestro estado. Además, se reportaron 53 denuncias por violencia familiar, donde las principales víctimas son mujeres y niñas.

Ante esta cruda realidad, nuestros datos revelan algo muy perturbador: el 70% de los neoleoneses —sí, 7 de cada 10 personas— considera que “las mujeres víctimas de violencia son responsables de que las sigan agrediendo si no se alejan de su agresor”, “por qué no se va?”, como si no existieran dependencias económicas, hijos en común, amenazas de muerte, violencia psicológica y un sistema que rara vez protege a quien denuncia, la víctima.

Y ahí no termina lo perturbante, pues más de la mitad de la población (51.3%) sigue pensando que las mujeres “comparten la responsabilidad con sus victimarios de ser agredidas por su forma de vestir”. En pleno 2025, la mitad de la sociedad neolonesa continúa desplazando la responsabilidad del agresor hacia la víctima, perpetuando la idea de que las mujeres deben modificar su conducta para evitar la violencia, en lugar de exigir que los agresores dejen de violentar. 

Hay quienes dirán que las cosas están cambiando. Y sí, hay indicios: entre los jóvenes de 18 a 24 años “solo” el 39.3% culpabiliza a las mujeres por la violencia según su vestimenta, mientras que entre los mayores de 75 años esta cifra se dispara al 65%. Pero seamos honestas: ¿realmente podemos celebrar que “solo” 4 de cada 10 jóvenes crean que la ropa provoca la violencia?.

Mientras, el 75% de la población reconoce que la violencia contra las mujeres en los hogares ocurre, desde ocasionalmente hasta con mucha frecuencia, la violencia familiar y de género sigue sin ser vista como una prioridad en términos de seguridad, pues solo el 3.2% de la población la considera como el principal problema.

Esta realidad no es abstracta; tiene rostros y nombres. Recordemos a las familias de las 60 mujeres víctimas de feminicidio en el estado durante el último año. Cada estadística representa una vida truncada, una familia destrozada. Las instituciones fallan sistemáticamente a las mujeres: según datos de México Evalúa en Nuevo León la impunidad para feminicidios alcanza el 91%, mientras que para violaciones llega a 98%, además no existe una metodología homologada entre instituciones para evaluar el nivel de riesgo en que se encuentra una víctima, lo que impide dictar medidas de protección efectivas. Y nos encontramos ante cifras como 1 de cada 5 víctimas de feminicidio contaba con una denuncia previa. El mensaje es claro: denunciar no garantiza protección, y aun así seguimos cuestionando por qué muchas mujeres no se atreven a hacerlo.

En este Día Internacional de la Mujer, los datos de la Encuesta Así Vamos 2024 nos obligan a confrontar una verdad incómoda: Nuevo León, que se precia de ser un estado de vanguardia e innovador, sigue anclado en prejuicios que obstaculizan el avance hacia una sociedad más justa y segura para las mujeres. La responsabilidad no es solo social, sino institucional: el gobierno no puede seguir administrando la crisis con parches. Urge acceso real a la justicia, protección efectiva para las víctimas y una estrategia integral de prevención.