Cada vez con mayor frecuencia, las grandes acciones del gobierno estatal y de los municipios metropolitanos se presentan como parte de la estrategia rumbo al Mundial de 2026. Como si las históricas demandas sociales no fueran razón suficiente, ahora parece que cuatro partidos de fútbol sí lo son: lo que no se ha conseguido con años de exigencia ciudadana, podría lograrse gracias a un (posible) Ecuador vs Jordania.

Aunque las motivaciones no sean las ideales, lo cierto es que este evento futbolero abre una oportunidad para avanzar en temas relevantes para quienes habitamos el estado. Obras estatales y municipales que normalmente se postergan, o en ocasiones ni siquiera se realizan, podrían concretarse en menos de un año. Sin embargo, aunque esta promesa se repite cada vez con mayor frecuencia, su cumplimiento está por verse. 

El Mundial también podría servir para detonar sectores económicos clave en momentos complejos y generar una derrama que tenga beneficios locales. Para eso, el evento en sí no es suficiente  y depende en gran medida de la capacidad de gestión de las Secretarías de Economía y Turismo y su coordinación con diversos sectores públicos y privados.

Sin embargo, tal vez el legado más significativo que deje el Mundial sea el inicio de una coordinación metropolitana efectiva. Para cumplir con los compromisos asumidos, el gobierno estatal y municipios tendrán que colaborar estrechamente:ejecutar obras estratégicas, responder con rapidez ante contingencias, garantizar condiciones de seguridad. 

La coordinación metropolitana ha sido una promesa incumplida en un estado donde casi el 80% de la población se concentra en nueve municipios. En la última década, se han impulsado dos intentos formales para avanzar en esta agenda, ambos frustrados por la politización y la formación de bloques partidistas, lo cual va en contra del principio mismo de coordinación.

El primero, la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA), creada en 2015, apenas logró publicar un Reglamento Homologado de Tránsito antes de transformarse en un frente bipartidista (con la excepción del alcalde de García) que operó como oposición al Gobernador sin partido.

El segundo esfuerzo, la Mesa de Coordinación Metropolitana de 2021, surgió con un enfoque más técnico y participación de las universidades, consiguiendo abrir espacios de discusión sobre temas relevantes —como el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) o la recaudación del impuesto predial—, sin lograr resultados tangibles. Quizá el mayor logro fue coordinar la atención ante la crisis del agua. Sin embargo, nuevamente el conflicto entre el gobierno estatal y distintos actores políticos, incluidos los alcaldes, acabó por fracturar el proceso. 

Es una buena señal que, con miras al Mundial, se reactive una nueva Mesa de Coordinación Metropolitana, ahora encabezada —durante sus primeros seis meses— por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes. Esta vez, además, con la incorporación de cámaras empresariales, el Consejo Cívico y el Consejo Nuevo León. Para que este tercer intento sí funcione, hay tres condiciones indispensables. La primera es dejar atrás la politización y partidización de los acuerdos, especialmente conforme se acerque la elección de 2027. La segunda, garantizar una participación ciudadana más activa y un escrutinio público creciente sobre los avances del proceso. Y la tercera, quizá la más importante: aprobar una Ley de Coordinación Metropolitana que formalice y haga vinculante este esfuerzo, evitando que dependa —como hasta ahora— de vaivenes políticos y voluntades personales.   Solo así, más allá de algún gol de Gonzalo Plata o de una selección asiática, el 2026 podrá dejar como legado una coordinación metropolitana que llegó, ahora sí, para quedarse.