La publicación de las cuentas públicas en los portales municipales permite conocer que, en 2024, se recaudaron $3,668,669,225 por concepto de impuesto predial en el Área Metropolitana. Una solicitud de información adicional revela que esta cifra representa apenas el 36% del potencial de recaudación predial (excluyendo a los municipios de García y San Pedro). Estos datos ofrecen un panorama más claro sobre la capacidad recaudatoria de los gobiernos municipales y nos brindan mejores elementos para cuestionar, por ejemplo, el uso de la deuda pública como única estrategia para obtener recursos adicionales. Este ejemplo revela que el acceso a la información pública es un derecho fundamental: fortalece la capacidad ciudadana para exigir rendición de cuentas.

Este viernes 20 de junio se cumple el plazo determinado en la reforma federal para que los estados homologuen su legislación de transparencia. El Congreso Local apenas inició la deliberación en comisiones, con mesas de trabajo desde el 11 de junio. La Contraloría estatal convocó en paralelo a diálogos sobre las nuevas responsabilidades que absorberá (como instancia garante para los poderes ejecutivos del estado). Nuevo León entra oficialmente en una suerte de limbo en el cual el instituto de transparencia, INFO NL, continuará siendo la autoridad responsable en la materia en tanto no se apruebe la nueva legislación.

La reforma federal conserva los tres principios que dieron origen a los institutos de transparencia hace dos décadas: el derecho de acceso a la información, la publicación de obligaciones de transparencia y los mecanismos de defensa ante su incumplimiento. Sin embargo, lo hace en un marco que debilita las condiciones necesarias para su cumplimiento efectivo. En términos generales, se trata de una ley regresiva. Un ejemplo basta para ilustrarlo: pasaremos de tener 33 autoridades responsables de garantizar el derecho a la información —el INAI a nivel federal y los organismos locales, como el INFO NL— a un total de 275 instancias. 

Aun así, la reforma establece un piso mínimo: las responsabilidades consideradas irreductibles por “Transparencia para el Pueblo”, la nueva autoridad garante federal, que deben incorporarse en la homologación de las leyes estatales. A partir de ese marco, se abre la posibilidad de que los estados avancen hacia legislaciones locales más robustas y garantistas. La organización México Evalúa ha identificado una serie de pautas clave que cobran especial relevancia al inicio de la discusión en el Congreso de Nuevo León. Estas deben convertirse en parte de una agenda ciudadana que defienda, de manera decidida, el derecho de acceso a la información.

Las pautas pueden resumirse en tres principios fundamentales que debe seguir una buena ley estatal: transparencia máxima, garantía efectiva del derecho de acceso a la información y una gobernanza profesional y ciudadana. En cuanto al primer principio, es indispensable conservar los postulados de máxima publicidad: toda información en poder de las autoridades debe ser pública por principio, salvo las excepciones estrictamente justificadas por ley. Asimismo, debe mantenerse la figura de transparencia proactiva, que obliga a las instituciones a publicar información relevante de manera anticipada y sin necesidad de que exista una solicitud de por medio.

Para garantizar el acceso a la información como un derecho, es necesario limitar la discrecionalidad de las autoridades al momento de reservar datos, y establecer altos estándares que exijan a las instituciones justificar plenamente cualquier excepción. Además, deben habilitarse mecanismos de impugnación que sean simples, accesibles y vinculantes, a fin de asegurar el ejercicio efectivo de este derecho.

Finalmente, la reforma debe incluir criterios claros para garantizar que los titulares de los organismos desconcentrados sean profesionales con perfiles adecuados, además de establecer mecanismos de toma de decisiones colegiadas e incorporar la participación ciudadana, a través de figuras como los Consejos Consultivos.

El Congreso tiene ante sí la enorme responsabilidad de conducir con seriedad y visión este proceso, crucial para la calidad de nuestra democracia.