Después de un par de años marcados por el conflicto político, que entre otras consecuencias derivó en un primer año legislativo improductivo, la 77 Legislatura del Congreso local se prepara para su segundo periodo, esta vez con un panorama distinto. Sería un error que las y los legisladores asumieran que serán evaluados únicamente por la ausencia de confrontaciones. La expectativa ciudadana es clara: se espera que finalmente entreguen resultados concretos que impacten de manera positiva en la vida pública de Nuevo León. La verdadera prueba será su capacidad de anteponer el interés colectivo a las agendas partidistas, y construir acuerdos que reflejen responsabilidad y compromiso con la sociedad.

Hay tres temas prioritarios que exigen una discusión a fondo en el próximo periodo ordinario de sesiones —aunque el trabajo en comisiones ya ha comenzado—: la reforma al Poder Judicial local, la armonización de la legislación en materia de transparencia y la creación de un marco normativo que permita una coordinación metropolitana efectiva.

En los tres casos, la forma en la cual el Congreso conduzca el proceso será clave para alcanzar buenos resultados: se requiere una deliberación pública amplia, la participación de diversos sectores de la sociedad y el uso de evidencia para sustentar las decisiones legislativas.

La reforma al Poder Judicial local, por ejemplo, deberá apoyarse en la evidencia que nos dejó el proceso electoral de 2025: evaluar qué no funcionó y puede mejorarse a nivel local.  En el caso de una normativa que contribuya a contar con una efectiva coordinación metropolitana se deben incorporar las voces de especialistas y activistas que han impulsado el tema durante años, además de entender porque los esfuerzos previos (Asociación Metropolitana de Alcaldes, Mesa Metropolitana) resultaron insuficientes.

El cambio más inminente se dará en materia de transparencia. La oportunidad para el estado es evidente: frente a una reforma regresiva a nivel federal, Nuevo León tiene la posibilidad de construir una legislación de avanzada, que no solo supere los estándares mínimos, sino que garantice efectivamente el derecho de acceso a la información.

Para lograrlo, el camino está claro: establecer niveles máximos de transparencia, incorporando principios como la transparencia proactiva y la máxima publicidad; habilitar mecanismos de impugnación accesibles y con consecuencias reales frente a la opacidad institucional; y asegurar que al frente de los órganos garantes estén los perfiles más capacitados, bajo esquemas de gobernanza con participación ciudadana.

En este y en los otros dos temas críticos, el Congreso de Nuevo León tiene la oportunidad de marcar un precedente. Esperemos que sea uno positivo.